«Si esta ley no se llega a dar, va a haber más recortes, despidos de maestros, especialistas en salud. Si llega a haber un medicamento que no cubre la obra social es imposible», añadió.
«Mi hijo tiene síndrome de Asperger y soy docente de la Escuela Redondel», contó una mujer. «El recorte nos afecta como familia y como docentes, por los pagos, las obras sociales. Se recortan terapias que las familias y los chicos necesitan. Las obras sociales no están pagando las psicólogas. Él va a una escuela convencional, si la obra social no paga el acompañante, yo no puedo pagarlo de mi bolsillo. Es muy difícil poder costear. No cobro pensión», relató.
Mar del Plata también fue escenario de una manifestación. Jimena Paternoster habló con Clara, madre de un niño de 12 años con parálisis cerebral. «Es triste lo que nos está pasando, simplemente queremos mantener su calidad de vida con terapias, el centro donde él asiste, el transporte porque se maneja con silla. Los transportistas están cobrando hasta ocho meses tarde, no cubren ni el combustible. No se puede comprar ni un kilo de carne con lo que cobra un acompañante terapéutico. Trabajan sin saber si a fin de mes van a cobrar el sueldo«, describió.
«Si se van sus acompañantes me quedo sola, a lucharla. La salud pública para discapacidad no da abasto. Fonoaudióloga, terapista ocupacional, kinesiología. Recurrimos a los centros a los que el Estado debe garantizar el pago. Es un derecho adquirido, algo que debe ser garantizado«, agregó.
«Si sale esta ley se festeja y mucho, tanto por los prestadores como por las personas con discapacidad. Este movimiento es por los prestadores pero la gente por ahí no sabe que ellos, que podrían seguir trabajando en forma privada, ayudan a un montón de gente. Sin ellos, muchas vidas se complicarían. Hace cinco años no podía caminar ni hablar y gracias a la kinesióloga, la terapista, pude hablar y moverme por mis propios medios. Vi nenes chiquitos que se arrastraban y ahora pueden caminar», expresó Fran, un hombre con discapacidad.
En Bariloche, en tanto, la marcha se convocó frente al Hospital Zonal. Luciana Avilés habló con Fabián, quien contó: «Soy pensionado no contributivo, tengo diabetes, estoy quedando ciego, me operaron del corazón y no puedo trabajar. Los médicos de cabecera no nos quieren dar los certificados y no podemos recibir los medicamentos. Esto está hecho para que perdamos la pensión y todos los derechos que teníamos hasta ahora. Queremos que esto se acabe, es una decisión política».
Qué propone el proyecto ley de Emergencia en Discapacidad
Busca declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 en un escenario en el que el colectivo se ha visto duramente afectado por medidas del Gobierno.
La propuesta contempla:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas
- Fortalecimiento institucional con mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo que deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas de emergencia para prestadores
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día
- Cumplimiento del cupo laboral
