Empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y ex combatientes de Malvinas se movilizaron este martes al Palacio de Tribunales contra la Corte Suprema, luego de que el máximo tribunal habilite el capítulo del DNU 70/23 que permite la venta de tierras a extranjeros sin restricción. La convocatoria se dio como anticipo de la marcha al Congreso Nacional el 15 de octubre cuando la Cámara de Diputados sesione para intentar rechazar y dejar sin efecto el decretazo de Javier Milei.
Cerca de las 16, cientos de personas se congregaron frente al edificio de los tribunales, donde se montó un pequeño improvisado escenario en el que se mostraron distintos referentes de agrupaciones políticas, movimientos sociales y de derechos humanos, con el objetivo de criticar al Gobierno de Milei.
Entre los asistentes hubo presencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT), el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Patria Grande y del Frente de Izquierda (FIT).
El próximo 15 de octubre, frente al Congreso, se realizará otra protesta que se estima que tenga una convocatoria mucho mayor que la de este martes. Además de la participación de la CGT, la movilización confluirá con la 5° Marcha Federal en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.
Por qué fue la marcha
La marcha a Tribunales se dio una semana después de que la Corte Suprema dejara vigente un artículo del decreto de Milei con el que se anulaba la Ley de Tierras. Esta normativa establecía desde 2011 un limite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y fijaba restricciones adicionales por nacionalidad y por titular.
Luego del masivo rechazo al fallo de la Corte, el máximo tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti envió a periodistas un comunicado donde intentaba aclarar su decisión.
En el texto, los jueces se excusaron al decir que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 sino que resolvió que el CECIM no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no existía una controversia judicial que habilitara el tratamiento del planteo. En los hechos, la decisión volvió a dejar operativo el artículo del DNU que elimina los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Para los excombatientes, el fallo implica una deslegitimación de su derecho a recurrir a la Justicia para defender una cuestión que consideran directamente vinculada con la soberanía por la que combatieron en Malvinas.
«Hay una contradicción que duele y que ninguna palabra difícil puede tapar: el mismo Estado que envió a jóvenes a la guerra en nombre de la defensa de la soberanía hoy les niega, a través de su máximo tribunal, la posibilidad de defenderla mediante esta acción judicial», indicaron desde el CECIM en un documento difundido tras la protesta.
