A pesar de los múltiples gestos y sanciones del gobierno de Javier Milei contra la explotación petrolera en las Malvinas, la administración británica del archipiélago decidió prorrogar por un período de cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore en el Atlántico Sur. Horas después, el Gobierno argentino expresó su rechazo al calificar como «ilícita» la exploración y explotación en las islas.
La medida, adoptada con el aval explícito del Reino Unido, garantiza la continuidad de los programas de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas disputadas y prevé la posibilidad de otorgar una extensión adicional de dos años si las compañías licenciatarias cumplen con las metas de trabajo.
El anuncio oficial se produce en un escenario de creciente tensión diplomática con la Argentina, en el que las empresas operadoras ratifican sus planes de inversión a pesar del despliegue de medidas administrativas, penales y legislativas impulsadas por el gobierno libertario para bloquear esas operaciones.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”. Asimismo, la funcionaria remarcó la posición británica respecto al uso de los recursos naturales en las islas al señalar que “son recursos nuestros que debemos desarrollar”.
La respuesta del Gobierno argentino
Horas después de trascender el comunicado, la Cancilllería argentina expresó su «enérgico rechazo» a la prórroga de licencias anunciadas por las «autoridades ilegítimas» de las islas y reiteró que la exploración y explotación de los recursos es «violatoria de la soberanía nacional argentina».
«Toda actividad hidrocarburifera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina constituye un acto ilicito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino», indicó en X la cartera dirigida por Pablo Quirno.
En el texto, el Gobierno argentino insiste en que «no reconoce competencia ni jursidicción a ninguna otra utoridad que no sea la propia» y advirtió quie empleará «todas las herramientas» con el objetivo de «defender sus derechos soberanos».
«Toda actividad hidrocarburifera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina constituye un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino», resaltó.
Sea Lion avanza pese a las restricciones argentinas
El respaldo regulatorio británico consolida el avance del proyecto Sea Lion, considerado el principal yacimiento hidrocarburífero de la cuenca norte de Malvinas, ubicado a aproximadamente 220 kilómetros de las costas del archipiélago. La iniciativa está encabezada por la firma israelí Navitas Petroleum, propietaria del 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, poseedora del 35% restante.
Las empresas operadoras proyectan iniciar la producción comercial en marzo de 2028, con un flujo estimado de extracción de 50.000 barriles diarios de crudo e ingresos calculados en torno a los 2.000 millones de dólares en concepto de regalías.
En forma paralela a la extensión general de licencias, la administración isleña autorizó a Navitas a adquirir el 65% del bloque contiguo PL001 —en acuerdo con la canadiense JHI Associates— con el objetivo explícito de acelerar la evaluación del área. En la cuenca también mantienen permisos exploratorios las compañías británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited.
A través del Decreto 868/2026, el El Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como Autoridad de Aplicación de la legislación hidrocarburífera, aceleró los plazos para aplicar sanciones administrativas y fijó inhabilitaciones comerciales de entre 5 y 20 años para operar en el país.
Con noticias de eldestapeweb.com
