A través de una nueva maniobra para eludir el debate legislativo, el gobierno de Javier Milei autorizó la salida de tropas nacionales para participar en ejercicios militares en el extranjero mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El Decreto 650/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, habilita el despliegue de personal militar en la República de Panamá para formar parte del ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”.
La medida se justifica en el texto oficial bajo el argumento de que resulta «necesario autorizar la salida del territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas Argentinas» debido a que el proyecto de ley original de ejercitaciones aún no fue tratado por la Cámara de Diputados.
Esta antelación revela que la administración Milei contó con tiempo suficiente para obtener el aval del Congreso, pero prefirió recurrir al atajo del DNU, forzando la interpretación de la «naturaleza excepcional» de la situación para evitar el control de los representantes del pueblo sobre una facultad que la Constitución Nacional asigna primordialmente al Poder Legislativo.
Subordinación estratégica al Comando Sur
El ejercicio “PANAMAX 2026” se desarrollará entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026 y coloca a las fuerzas locales en una posición de clara dependencia externa. La actividad está explícitamente «enmarcada en las acciones de cooperación militar dentro del Continente Americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos de América«.
Argentina se integrará así a una fuerza multinacional compuesta por trece naciones participantes: Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y los propios Estados Unidos. El objetivo del gobierno es «mejorar la interoperabilidad» y «estandarizar procedimientos operativos», lo que en términos geopolíticos implica profundizar la asimilación de las Fuerzas Armadas argentinas a la doctrina y protocolos de Washington.
El despliegue involucra a un máximo de 56 efectivos argentinos. De este total, 37 pertenecen a un Comando Conjunto de Operaciones Especiales compuesto por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes operarán con su propio armamento y equipo individual. Los efectivos restantes se dividirán en tareas de planificación y ciberdefensa: 16 pertenecientes al Ejército, dos a la Armada y uno a la Fuerza Aérea. El costo estimado de esta movilización asciende a 51 millones de pesos, una suma que será atendida con partidas del Ministerio de Defensa en un contexto de severo ajuste sobre otras áreas sensibles del Estado.
Para la administración Milei, participar en este escenario imaginario es vital para mantener la «reputación como actor relevante a nivel global», aunque para ello deba vulnerar una vez más la institucionalidad y la división de poderes en beneficio de un alineamiento incondicional con el Comando Sur.
