De hecho, hubo numerosas denuncias cruzadas de violencia y un despliegue policial masivo. El Gobierno ha blindado el Congreso con vallas y fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad).
En este sentido, se ha denunciado que la policía bloquea arterias clave (como Lima o Hipólito Yrigoyen) impidiendo que la gente se desconcentre pacíficamente, lo que genera encerronas y estampidas. Además, se reportó el uso de camiones hidrantes y un gas pimienta más potente que en manifestaciones anteriores, afectando no solo a manifestantes sino también a transeúntes y jubilados.
Sin ir más lejos, por primera vez se ha generalizado la requisa de mochilas en los accesos y la «regulación» del uso de banderas (bajo el argumento de que los palos se usan como proyectiles).
Por su parte, el Gobierno sostiene que el operativo es para «garantizar el orden constitucional» y que solo responden cuando grupos de encapuchados intentan derribar las vallas o arrojan piedras y botellas. Sin embargo, muchos manifestantes denunciaron que la represión es indiscriminada.
De hecho, se viralizaron imágenes de jubilados gaseados y de la policía lanzando gas a personas que ya estaban en el piso o retirándose.
A esta hora de la tarde, la zona de Plaza Congreso sigue militarizada y con focos de conflicto en las calles laterales. La CGT ha calificado el operativo de «provocación innecesaria».
