El juez de Córdoba Miguel Vaca Narvaja dictó una medida cautelar con caracter de urgencia en el conflicto del Gobierno con las personas con discapacidad, al intimar al Ministerio de Salud de la Nación- y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para atención de Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) a que en un plazo de 72 horas resuelvan los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 que reciben los titulares de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad.
En la resolución, Vaca Narvaja sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que tanto el PAMI como el programa Incluir Salud incurrieron en atrasos en los pagos de las prestaciones contempladas en la ley 24.901 para personas con discapacidad.
El magistrado señaló además que la situación se desarrolla en un contexto en el que, según expresó, existen «numerosos intentos por parte de la autoridad estatal de evadir o dilatar el cumplimiento de su obligación de observar y garantizar los estándares constitucionales e internacionales de protección integral de los grupos más vulnerables». Además, remarcó que el colectivo afectado está integrado por personas en situación de «múltiple vulnerabilidad», entre ellas niños, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores de bajos recursos.
La versión del Gobierno en la causa
En el expediente, el propio Ministerio de Salud reconoció retrasos en los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Según una nota de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos incorporada a la causa, las demoras obedecen a un «proceso de reordenamiento estructural» y a la incorporación del programa a los mecanismos administrativos de la cartera sanitaria nacional.
De acuerdo con esa explicación, la transición hacia los estándares de gestión de la Administración Pública Nacional habría generado dificultades en la tramitación de pagos, aunque el organismo aseguró que la situación se encuentra «en pleno proceso de regularización» y que no implica una reducción de las prestaciones. Sin embargo, el juez consideró que la continuidad de estas demoras puede derivar en interrupciones de tratamientos y prestaciones indispensables para las personas con discapacidad, con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo integral.
Las justificaciones oficiales
Tanto el ministro de Salud, Mario Lugones, como el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, aseguraron en distintas declaraciones que los pagos de la institución se regularizaron. «Hoy PAMI está pagando, la plata llegó», aseguró Lugones en la cumbre de AmCham Summit que se realizó semanas atrás. «La obra social más grande de la Argentina tiene un millón de personas, más o menos, de más de ochenta años, sobre los cinco millones de personas que hay en total. Tiene casi seis mil personas más de cien años», agregó.
Leguízamo, por su parte, negó en abril que PAMI atraviese una crisis, tal como denuncian sus afiliados. «No creo que tengamos un momento de crisis en PAMI. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora», dijo en diálogo con TN. «Quiero llevar tranquilidad a nuestros afiliados, la provisión de medicamentos no va a tener ningún problema y la deuda con farmacias de medicamentos está al día», sumó.
