El senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley que establece un marco regulatorio integral para la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de apuestas. El objetivo central de la iniciativa legislativa es garantizar la protección del orden público y resguardar de manera irrestricta los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la incitación al juego compulsivo.
Los fundamentos del proyecto exponen una situación crítica a nivel nacional. En Argentina, cerca de 19 millones de personas realizan apuestas online, y una gran parte de este universo está compuesto por menores de edad. Esta facilidad de acceso, sumada a una publicidad con muy bajas regulaciones, transformó al juego patológico en un grave problema emergente de la salud pública.
El escenario se vuelve aún más complejo al observar el contexto socioeconómico. El texto advierte que el 56,2% de los niños y niñas de 0 a 14 años vive en situación de pobreza, lo que agrava su grado de vulnerabilidad frente a las plataformas.
Nuevas reglas y prohibiciones estrictas
La normativa fija principios innegociables para toda comunicación de índole comercial. Cualquiera de estas acciones debe incluir de forma notoria la leyenda «Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud» y advertir expresamente que los menores de edad no pueden participar.
Para cortar de raíz la exposición de los jóvenes, el proyecto establece las siguientes prohibiciones:
- No se puede incluir, directa o indirectamente, a menores de edad en las publicidades.
- Queda vetado el uso de deportistas, celebridades u otras figuras públicas, a menos que su participación sea exclusiva para promover el juego responsable.
- Se prohíbe la publicidad de apuestas dos horas antes, durante y dos horas después de la transmisión de acontecimientos deportivos de relevancia.
- Las empresas no pueden publicitar ni realizar promociones en las cercanías de escuelas, clubes o colonias.
- Las instituciones deportivas no pueden llevar publicidad de apuestas en su indumentaria ni en los campos de juego.
- Quedan terminantemente prohibidos los bonos de bienvenida en las plataformas de azar online.
El rol de las escuelas y el peso de las sanciones
El ámbito educativo adquiere un rol preventivo central en el proyecto. Las autoridades jurisdiccionales y los establecimientos educativos (de gestión pública o privada) deben bloquear de manera obligatoria el acceso a los sitios de apuestas en sus redes de internet. A su vez, las escuelas deben promover capacitaciones permanentes sobre el uso responsable y seguro del entorno digital.
En cuanto a las penalidades para los infractores, el texto estipula multas económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), equivalentes al precio de venta al público de un litro de nafta de mayor octanaje, una medida pensada para evitar la desactualización del castigo por la inflación. Las sanciones parten desde las 50 hasta las 5.000 UF, con la posibilidad de multiplicarse por cinco en casos de reincidencia. Las firmas también enfrentan la suspensión o derogación definitiva de su licencia y la clausura del establecimiento.
Un punto fundamental de la ley radica en que el dinero recaudado por estas infracciones se destinará prioritariamente a financiar programas educativos y de concientización sobre la ludopatía infantil.
El modelo internacional
Para sostener estas medidas restrictivas, el proyecto se apoya fuertemente en el derecho comparado internacional. Como casos de éxito, destaca que España restringe la publicidad exclusivamente a la franja de 1 a 5 de la madrugada, mientras que Italia prohíbe de manera absoluta todas las formas de publicidad de apuestas en medios de comunicación. También resalta el esquema del Reino Unido, que aplica una restricción publicitaria durante las transmisiones de los partidos, y el modelo de Australia, país que avanzó con la prohibición del uso de tarjetas de crédito para realizar apuestas.
